La reciente aprobación del mayor complejo termoeléctrico en América Latina, constituido de seis centrales a carbón y dos a petróleo, conforma el mayor retraso tecnológico en el desarrollo energético del país y condena a Chile a 40 años de contaminación local, además de incrementar irresponsablemente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con Castilla, Chile opta por perpetuar la tecnología de carbón pulverizado, la más antigua y contaminante en su tipo. Por otra parte, los 2.300 MW que generará, condena al Sistema Interconectado Central a hundirse en la generación sucia, empeorando la huella de carbono de la economía nacional.
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327 .Los últimos años, el Presidente Piñera se mostró muy sensible frente al Cambio Climático. Esto al extremo de traer a Al Gore a Chile en 2008, crear una comisión para el desarrollo de las energías renovables al interior de la Fundación Futuro y afirmar durante su campaña electoral, que “en Chile no podemos seguir creciendo con tantas termoeléctricas a carbón, porque son las más contaminantes”. Sin embargo su acción política no ha sido consecuente, sino al contrario: rebajó las exigencias del anteproyecto de norma para termoeléctricas elaborado por el gobierno anterior, aprobó una gigantesca explotación carbonífera en Isla Riesco, Magallanes, y el mayor complejo de generación a carbón a nivel mundial. ¿Cuál es la coherencia?
Las emisiones de centrales a carbón pulverizado como Castilla, están compuestas por material particulado respirable, azufre, óxidos de nitrógeno y metales pesados cancerígenos como mercurio, vanadio y níquel. Lo anterior dista mucho de la mejor tecnología disponible para quemar carbón, como podría ser el lecho fluidizado o húmedo, que atrapa en las cenizas el azufre y los metales pesados, como en Petrox, Concepción o la central de Vartan en Estocolmo, Suecia, tan publicitada por Piñera como la única alternativa tecnológica que el permitiría para la generación carbonífera. Sin embargo, el carbón pulverizado, al emitir todos los contaminantes a la atmósfera, genera como hemos visto en Puchuncaví y Ventanas, destrucción de la vegetación nativa, disminución de la producción agrícola y acuícola y graves enfermedades respiratorias.
Además, el grave incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero que aportarán las 8 centrales del megaproyecto Castilla, hará más insostenible los altos índices de emisiones que hoy exhibe Chile, país que duplica las tasas de emisión de América Latina. Así, Castilla nos condena a carbonizar sin retorno el Sistema Interconectado Central, cerrando espacios a las nuevas tecnologías para un desarrollo energético limpio y más independiente. De paso, el aumento de la huella del carbono que aporta Castilla, condena a Chile a una mayor vulnerabilidad de sus exportaciones.
En el contexto de lo que han revelado al país los cables de Wikileaks, es preocupante constatar nuevamente los cambios llevados a cabo en un proceso de impacto ambiental. En el caso Castilla, hablamos de la caracterización del suelo de Punta Cachos, que convierte lo contaminante en molesto sin mediar ningún nuevo informe de la autoridad, sino luego de una negociación entre privados (la empresa MPX y la familia Domínguez que veranea en la zona). Ello además, en un escenario político que congrega a una insólita constelación de autoridades a cargo del desarrollo energético del país, provenientes justamente de empresas termoeléctricas. El Ministro de Energía (ex -Gerente de Finanzas de AES-GENER), y el Subsecretario de Energía (ex Gerente General de Guacolda), pertenecen al núcleo de influencia de AES- Gener, dueña de Guacolda, dueña de Campiche y la más ferviente opositora y lobbysta contra la norma para termoeléctricas. Esto, como sabemos no es inocente ni casual, como han demostrado los memorandos filtrados por wikileaks esta semana respecto a AES –Gener.
La legitima preocupación de los ciudadanos por la probidad e independencia del aparato público también resiente las vinculaciones contractuales entre el estudio de abogados del Ministro del Interior, de quien depende la Intendenta de Atacama, y la empresa MPX. Esto termina por configurar un escenario preocupante para la democracia, el desarrollo energético y el interés público, que el cambio de denominación territorial y la aprobación de las 8 centrales termoeléctricas del polémico proyecto Castilla se haya realizado en el mes de febrero, época de vacaciones estudiantiles y de receso parlamentario; y antes de que la Ministra de Bienes Nacionales de a conocer el ordenamiento territorial del país para el desarrollo energético; todo lo cual contribuye a agravar la falta de transparencia y los problemas de legitimidad de esta decisión ambiental y energética.
Fuente: http://www.elmostrador.cl
Señor X
